Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado tienen entre sus listados de personas en busca y captura por la presunta comisión de uno o más delitos a Salvador Solsona Quintanilla, un histórico líder sindical de UGT Justicia en las Terres de Lleida.
El Ministerio Fiscal ha interpuesto una querella criminal contra Solsona Quintanilla y otros dos presuntos cómplices por la presunta comisión de un delito continuado de estafa de especial gravedad, pudo llegar a embolsarse un total de 540.000 euros, tráfico de influencias y delito continuado de falsedad en documento oficial.
Mientras que los presuntos cómplices han sido informados de la querella interpuesta, Solsona permanece desaparecido en combate, y sin rastro de su paradero, por lo que la policía anda tras sus pasos.
Fiscalía asegura que Solsona y el resto de querellados confeccionaron una serie de documentos ficticios y “convencieron a una serie de personas de las ventajas económicas que les podía reportar la compra de terrenos que, según les decían faltando a la verdad, estaban sometidos a un procedimiento expropiatorio por parte de ADIF-Ministerio de Fomento.
La Acusación Pública asegura en la querella criminal que Salvador Solsona se hacía pasar “por representante del Ministerio de Fomento afirmando además que por razón de su militancia en UGT tenía importantes contactos en el mismo que podían facilitar un lucrativo negocio”. Según Fiscalía, Salvador Solsona “tenía relativamente fácil conseguir esa credibilidad por cuanto es Oficial de la Administración de Justicia (fue durante muchos años líder sindical de la organización más votada entre los funcionarios de justicia) y había trabajado, al parecer, en la zona de Vinaixa, localidad en la que estaban sitas las fincas que supuestamente iban a ser expropiadas”.
En la querella se especifica que Solsona ofrecía “efectuar una inversión comprando una finca que posteriormente sería expropiada por ADIF pagando un precio al propietario inferior al justiprecio que finalmente iba a ser pagado por la entidad expropiante”.
El primer engaño que denuncia la Acusación Pública fue cometido el 8 de setiembre de 2006. Solsona Quintanilla vendió ficticiamente una finca cuya propiedad era de un tercero a dos personas por 120.000 euros. Cuando los compradores descubrieron que era una estafa “en lugar de denunciar el hecho a los tribunales decidieron subirse al carro del querellado y recuperar el dinero por la vía de engañar a otras personas”. De esta manera se convirtieron en cómplices del funcionario de justicia y por ese motivo también han sido querellados por el Ministerio Fiscal.
Solsona y sus dos nuevos cómplices siguieron, siempre supuestamente, el mismo modelo de actuación haciendo “suscribir en Lleida a sus víctimas un documento de compraventa privada donde aparecía como vendedor el titular de la finca a expropiar a cambio de entregar diferentes cantidades”. Según las investigaciones de Fiscalía, “como justificante del dinero recibido los querellados entregaban una acta previa a la ocupación y un acta de justiprecio de mutuo acuerdo del Ministerio de Fomento- Adif y que sin unidad de acto firmaban los engañados compradores ante Solsona”.
El importe de las estafas asciende a 540.000 euros. A parte, se acusa al sindicalista de tráfico de influencias y de delito continuado de falsedad documental.
“No nos temblaría el pulso para cesarlo si continuara afiliado”
El Secretario General de la Federació de Serveis Públics de UGT Terres de Lleida, Pep González, aseguró que Solsona se dio de baja en el 2005 del sindicato aún así quiso dejar muy claro: “Si Solsona continuara no nos temblaría el pulso para cesarlo”.
Solsona Quintanilla fue durante varios años el cabeza de la lista más votada por los funcionarios de justicia en Lleida. Ostentó varios cargos sindicales.
En el 2005 con la entrada de Rosa Palau como líder del sindicato, Solsona se queda sin ningún cargo en la organización.
Fuente: La Mañana
El Ministerio Fiscal ha interpuesto una querella criminal contra Solsona Quintanilla y otros dos presuntos cómplices por la presunta comisión de un delito continuado de estafa de especial gravedad, pudo llegar a embolsarse un total de 540.000 euros, tráfico de influencias y delito continuado de falsedad en documento oficial.
Mientras que los presuntos cómplices han sido informados de la querella interpuesta, Solsona permanece desaparecido en combate, y sin rastro de su paradero, por lo que la policía anda tras sus pasos.
Fiscalía asegura que Solsona y el resto de querellados confeccionaron una serie de documentos ficticios y “convencieron a una serie de personas de las ventajas económicas que les podía reportar la compra de terrenos que, según les decían faltando a la verdad, estaban sometidos a un procedimiento expropiatorio por parte de ADIF-Ministerio de Fomento.
La Acusación Pública asegura en la querella criminal que Salvador Solsona se hacía pasar “por representante del Ministerio de Fomento afirmando además que por razón de su militancia en UGT tenía importantes contactos en el mismo que podían facilitar un lucrativo negocio”. Según Fiscalía, Salvador Solsona “tenía relativamente fácil conseguir esa credibilidad por cuanto es Oficial de la Administración de Justicia (fue durante muchos años líder sindical de la organización más votada entre los funcionarios de justicia) y había trabajado, al parecer, en la zona de Vinaixa, localidad en la que estaban sitas las fincas que supuestamente iban a ser expropiadas”.
En la querella se especifica que Solsona ofrecía “efectuar una inversión comprando una finca que posteriormente sería expropiada por ADIF pagando un precio al propietario inferior al justiprecio que finalmente iba a ser pagado por la entidad expropiante”.
El primer engaño que denuncia la Acusación Pública fue cometido el 8 de setiembre de 2006. Solsona Quintanilla vendió ficticiamente una finca cuya propiedad era de un tercero a dos personas por 120.000 euros. Cuando los compradores descubrieron que era una estafa “en lugar de denunciar el hecho a los tribunales decidieron subirse al carro del querellado y recuperar el dinero por la vía de engañar a otras personas”. De esta manera se convirtieron en cómplices del funcionario de justicia y por ese motivo también han sido querellados por el Ministerio Fiscal.
Solsona y sus dos nuevos cómplices siguieron, siempre supuestamente, el mismo modelo de actuación haciendo “suscribir en Lleida a sus víctimas un documento de compraventa privada donde aparecía como vendedor el titular de la finca a expropiar a cambio de entregar diferentes cantidades”. Según las investigaciones de Fiscalía, “como justificante del dinero recibido los querellados entregaban una acta previa a la ocupación y un acta de justiprecio de mutuo acuerdo del Ministerio de Fomento- Adif y que sin unidad de acto firmaban los engañados compradores ante Solsona”.
El importe de las estafas asciende a 540.000 euros. A parte, se acusa al sindicalista de tráfico de influencias y de delito continuado de falsedad documental.
“No nos temblaría el pulso para cesarlo si continuara afiliado”
El Secretario General de la Federació de Serveis Públics de UGT Terres de Lleida, Pep González, aseguró que Solsona se dio de baja en el 2005 del sindicato aún así quiso dejar muy claro: “Si Solsona continuara no nos temblaría el pulso para cesarlo”.
Solsona Quintanilla fue durante varios años el cabeza de la lista más votada por los funcionarios de justicia en Lleida. Ostentó varios cargos sindicales.
En el 2005 con la entrada de Rosa Palau como líder del sindicato, Solsona se queda sin ningún cargo en la organización.
Fuente: La Mañana
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