La plantilla del edificio de los tribunales de Fontiñas registrará en cuestión de días dos altas de sendos profesionales que, al menos dentro del ámbito gallego, podrían considerarse jueces estrella. Se trata de Carmen Veiras Suárez, que, al frente del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Corcubión, se ocupó durante el último lustro de gestionar un sumario que ya excede los 115.000 folios, el caso Prestige, y José Antonio Vázquez Taín, quien procede del Penal 2 de Coruña, si bien fue en otro, el 1 de Vilagarcía, donde había adquirido proyección mediática, al erigirse en auténtico azote de los narcos, concentrando desde allí el 30% de los decomisos de la cocaína incautada en toda España del 99 al 2005.Ambos gozan de la condición de magistrados, aunque ella acaba de estrenarla, mientras que a él lo ascendieron a mediados de la década pasada.
En virtud de un par de resoluciones firmadas por el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, el 30 de diciembre en Madrid y dadas a conocer el sábado pasado a través del Boletín Oficial del Estado (BOE), Veiras asume el mando del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Santiago y Vázquez Taín, el del Juzgado de Instrucción número 2 de Compostela, cuyo gobierno había quedado vacante en noviembre, cuando su hasta entonces titular, Francisco Javier Míguez Poza, decano de los togados de la demarcación en el período 1998-2010, solicitó una excedencia voluntaria por «interés particular».
A pesar de la mucha dedicación que la depuración de responsabilidades por la tragedia del Prestige le ha venido exigiendo, la jueza para nada percibirá en sus quehaceres diarios un bajón. «Trabajo no le va a faltar, desde luego. Los juzgados de contenciosos de Santiago están saturadísimos, los cargan con el doble de actividad que la media de los gallegos. Necesitamos un tercero ya, con urgencia», advierte el decano de los abogados compostelanos, Evaristo Nogueira.
Entretanto, Vázquez Taín deberá lidiar también con sus miuras. Heredará, entre otros, el absorbente sumario de la operación Trucarro, con numerosos ejecutivos de concesionarios y talleres de coche acusados de manipular cuentakilómetros de vehículos para facilitar su venta, y el de Montebalsa, sobre la comisión de posibles delitos de prevaricación y falsedad documental en la tramitación de obras del Concello.
Fuente: lavozdegalicia.es
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