Veinticinco magistrados del Tribunal Supremo le piden al Gobierno que le retire el coche oficial a todos los altos cargos, al igual que se lo retiró a ellos en un decreto en el que, para su "perplejidad", le negaba al alto tribunal carácter de órgano constitucional del Estado. El decreto, de 30 de noviembre, deja con servicio del parque móvil a altos cargos de la Administración del Estado con nivel orgánico mínimo de subsecretario (Directores generales, por ejemplo), así como vocales del CGPJ y magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Cuentas.
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